PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD: ¿RAZONES DE EFICIENCIA O NEGOCIO PARA ALGUNOS?

Por desgracia, tras los últimos acontecimientos, creo poco probable (y así lo espero) que ningún ciudadano tenga duda alguna sobre el proceso de privatización que está sufriendo nuestra sanidad pública, y de forma aún más descarada en la Comunidad de Madrid. Para dar una primera idea de lo que estamos hablando, la “colaboración público-privada” en la sanidad consiste en lo siguiente: una empresa privada recibe de forma gratuita “x metros” cuadrados de suelo público para la construcción de un hospital. Una vez construido lo alquila a la Administración por un “canon” anual y, finalizada dicha concesión, ese hospital pasaría a ser propiedad de la Administración. Hasta aquí parece no haber mayor complicación, pero más adelante veremos que no es así.

Este proceso de privatización parece ser algo novedoso, de estos últimos años, pero nada más lejos de la realidad. Lamentablemente, la insistencia por parte de algunos en introducir a la empresa privada en la gestión de la sanidad tiene unos antecedentes que se remontan bastante atrás el tiempo.

El primer hospital “público” de gestión privada que se inauguró en España fue el Hospital de la Ribiera en 1999 en Alcira (Valencia). Sus propietarios son Ribera Salud, UTE compuesta por Adeslas, Bancaja, CAM, ACS-Dragados y Lubasa. Se realizó, para su explotación por un periodo de 10 años en teoría, una inversión de 72 millones de €, cuando se habían previsto 41 millones de €. Además, durante el primer año se supone que tenía que recibir 204€ por habitante y año.

Desde que se abrió, viene recibiendo un trato de favor por parte del Gobierno de la Comunidad  Valenciana, desde facturarle por prestaciones que no se facturan al resto de hospitales públicos (salud mental, prótesis quirúrgicas, medicamentos etc.), hasta dotarle con más medios tecnológicos que a los otros hospitales púbicos. Es decir, se produce el tan negado hasta la saciedad trasvase de fondos públicos a las empresas privadas.

Sin embargo, en 2002 reconoció pérdidas superiores a 5,24 millones de €. Raudo y veloz, el entonces Gobierno del PP de la Comunidad lo rescató, extinguiendo el contrato y pagando un total de 69,9 millones de € en concepto de bienes y de indemnización por el lucro cesante de los 6 años de explotación que faltaban.

Lo mejor de todo es que en 2003 la Consejería de Sanidad Valenciana sacó un nuevo concurso para la gestión sanitaria y –  oh sorpresa –  le fue concedida la misma empresa, UTE Ribiera Salud.

 Además de este hospital, hay otros cuatro hospitales de este modelo, los cuales todos han sido adjudicados al Grupo Ribiera Salud. Estos hospitales son el de Torrevieja, Dénia, Manises y Elche-Crevillente cuyas compañías aseguradoras son Asisa, DKV, Sanitas y Asisa respectivamente.

Centrándonos ya en la Comunidad de Madrid, en los últimos años hemos asistido a una inauguración tras otra de hospitales “públicos” según la entonces Presidenta Esperanza Aguirre. Una vez más, la realidad y los datos se imponen a las mentiras.

En el año 2007 el Hospital de Valdemoro se adjudica a la empresa CAPIO (de la que luego daré más datos bastante reveladores).

En 2008, se abrieron siete hospitales y todos fueron concedidos a empresas del sector de la construcción, ajenas a la asistencia sanitaria. Así, el Hospital Puerta de Hierro fue concedido a Dragados, el Hospital Infanta Cristina a Sacyr, el Hospital Infanta Sofía a Acciona, el Hospital del Henares a Sacyr, el Hospital Infanta Leonor  a Begar-Ploder, el Hospital del Sureste a FCC-Caja Madrid y, finalmente, el Hospital del Tajo a Hispánica. La inversión de estas empresas en la construcción y equipamiento de estos  hospitales fue de 840 millones de €; la Comunidad de Madrid, desde el año 2007 hasta este año, ha pagado en total una cantidad de 990 millones de €. Es decir, podemos ver que no sólo las empresas han recuperado el total de su inversión sino que han obtenido unos beneficios de 150 millones de €.

En septiembre del 2011 se inaugura el Hospital de Torrejón, propiedad del Grupo Ribiera Salud. En marzo de este año, se abrió el nuevo Hospital de Móstoles, perteneciente a la empresa CAPIO. Este verano estaba prevista la apertura del Hospital de Collado Villalba, igualmente perteneciente a CAPIO, pero se ha retrasado hasta el año que viene, en principio. Pese a estar cerrado, la Comunidad de Madrid paga a esta empresa la friolera de 938.465€ mensuales en concepto de seguridad, desinfección y desratización, limpieza, mantenimiento de viales y jardines, reparaciones, seguros, suministros, tributos, amortización y costes financieros.

El coste que asumieron estas empresas fue de 563 millones de € para los tres hospitales. Este año recibirán un total de 169,5 millones de €, pero al ser una concesión a 30 años, se estima que el total mínimo que recibirán estas empresas en los 30 años de concesión será de 6.844 millones de €, por tanto los beneficios que obtendrían en esos 30 años serían un total de 6.281 millones de €.

En su día, Esperanza Aguirre justificó la utilización de este modelo de “colaboración público-privada” porque la Administración Pública no tenía dinero y era urgente la construcción de estos nuevos centros. Entre los años 2008-2011 se gastaron 731 millones de € en propaganda institucional, cantidad más que suficiente para la construcción pública de los centros.

Dado que estamos hablando de la Comunidad de Madrid, mención especial merece la Fundación Jiménez Díaz, muy en boca estos días debido al e-mail que se ha filtrado de José Azofra, director médico del Hospital Infanta Elena de Valdemoro.

En dicho correo se instaba a los médicos del centro a la utilización exclusiva del criterio económico. Textualmente indicaba que “el hospital de referencia para cualquier derivación/canalización es la Fundación (Jiménez Díaz). Después de la Fundación, ninguno. Después otra vez ninguno, y al final, los demás hospitales públicos de Madrid”. Sin duda la frase más reveladora es “nos tenemos que empezar a tomar muy en serio el mantra ‘El dinero sigue al paciente’“. A estas alturas, ya entendemos por qué.

La Fundación Jiménez Díaz es propiedad de CAPIO, la cual tiene un “concierto” con la Comunidad de Madrid para la atención de más de 400.000 habitantes del centro de la capital. A esta Fundación se le dota con un presupuesto cuantiosamente mayor que al resto de los hospitales de similar tamaño. Recibe 429€ más que, por ejemplo, el Hospital La Princesa y 200€ más que el Hospital La Paz, por habitante y año.

Hasta ahora hemos podido comprobar el “chiringuito económico” que estas empresas privadas se han montado con ayuda de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas respectivas, mayoritariamente del PP. Podríamos preguntarnos qué beneficios, económicos o de otro tipo, sacan los Gobiernos de estas Comunidades, cuando hemos comprobado reiteradamente el fracaso de este tipo de concesiones y el expolio que suponen a las arcas públicas. Para responder a esta pregunta, vamos a analizar quiénes están detrás de estas “grandes empresas sanitarias privadas”:

–          CAPIO y CVC Capital Partners. Como sabemos, CAPIO gestiona el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, el Hospital Infanta Elena, El Hospital de Collado Villalba y la Fundación Jiménez Díaz. Aunque se niegan a dar una cifra absoluta, fuentes de esta compañía indican que su financiación pública está en torno al 65%. El 80% de esta empresa pertenece a CVC Capital Partners, un fondo de riesgo británico.

Los políticos que están asociados a esta empresa son el exconsejero de sanidad de Esperanza Aguirre, Manuel Lamela, el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, María Dolores de Cospedal y su marido Ignacio López del Hierro; todos ellos pertenecientes al PP. (Evidentemente, cuando saltó la noticia se apresuraron a desmentirla pero, cuando el rio suena, agua lleva).

–          Ribera Salud: Adeslas+Sanitas+CAM+Bancaja. En Madrid, esta compañía gestiona el Hospital de Torrejón y la sociedad BR Salud, la cual es gestora del Servicio de Laboratorio Central del Hospital Infanta Sofía. Está participada al 50% por Bancaja, rescatada por Bankia, y la CAM, rescatada igualmente. También se la asocia a Adeslas y a Sanitas.

–          USP-Quirón y Doughty Hanson. De este grupo sólo tenemos, en la Comunidad de Madrid, el Hospital Universitario Quirón en Pozuelo de Alarcón. Aunque los centros Quirón son privados, reciben a pacientes derivados por los servicios públicos y mantienen otros convenios como, por ejemplo, el de la Consejería de Educación de Lucía Figar, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde los titulares del carné joven pueden obtener unas “condiciones preferentes en intervenciones de corrección de miopía, astigmatismo e hipermetropía” en el Quirón-Madrid.

Esta compañía ha sido recientemente vendida a la compañía británica de capital privado Doughty Hanson&Co.

Para finalizar, me gustaría desmentir esas afirmaciones que venimos oyendo de que la sanidad privada es más eficiente, barata y obtiene mejores resultados etc. que la sanidad pública.

En 2009, el gasto en salud en España fue inferior a la media de la OCDE: El porcentaje  de gasto sobre el PIB fue de un 9,5% mientras que la media de la OCDE fue de un 9,7%. En cuanto al gasto per capita en España fue de 3.067$ y en la media de la OCDE fue de 3.361$. Aparte de todos los datos que hemos visto anteriormente, de cómo se produce un trasvase de fondos públicos a las empresas privadas, que no olvidemos, se rigen por el ánimo de lucro, llegamos a la conclusión de que la sanidad pública es más barata que la sanidad privada.

La sanidad pública consigue mejores resultados que la sanidad privada. Las probabilidades de muerte en los hospitales con ánimo de lucro son mayores que en los hospitales públicos, en concreto, un 2% superior en adultos, un 9,5% superior en recién nacidos, un 8% superior en pacientes renales crónicos.

Para quienes quieran profundizar y conocer más datos sobre este tema, recomiendo encarecidamente el programa “la sexta columna” emitido el viernes día 14 de diciembre de 2012 en la Sexta, “Sana, sana, si no pagas hoy pagarás mañana”. Aparte de hacer un recorrido por todo el territorio español donde se está recortando y privatizando la sanidad, recoge los testimonios demoledores de los ciudadanos que están sufriendo esta situación en primera persona.

Parece ser, pues, que los ciudadanos y los médicos no estamos tan “locos” cuando recientemente hemos tomado las calles para protestar contra la privatización de la sanidad, convirtiendo las calles en la llamada “marea blanca”.

No debemos ni vamos a consentir que nos quiten de un “plumazo” lo que nos ha costado conseguir en treinta años; en concreto, lo que la Ley General de la Sanidad de 1986 de Ernest Lluch, asesinado por ETA, consiguió: Sanidad pública, universal y gratuita para TODOS los ciudadanos, siendo tratados como pacientes y no como clientes.

Inmaculada Riega Casado

Licenciada en Derecho y Cc. Políticas y de la Administración y socia fundadora de AJL

(www.jovenesletrados.es)

Anuncios
Deja un comentario

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: